Sin control en la sanidad pública
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La gran preocupación de muchos españoles es la “jubilación”. Miles de jubilados se manifiestan cada semana pidiendo lo que por derecho le pertenece. Y los “políticos” para justificar su sueldo, discuten día tras día, el incremento de una miseria. Para tener saneadas las cuentas de los jubilados el gobierno, entre otras cosas como disminuir sus salarios, tendrá que eliminar la corrupción y el fraude del sistema sanitario.
En un país campeón en corrupción política y fraude fiscal, ¿alguien piensa que el sistema sanitario es la Virgen María?
Son muchos los casos de diferentes tipos de corrupción y fraude dentro de las diferentes Organizaciones de Salud, desde la manipulación de estudios científicos, hasta el pago a médicos para que receten ciertos medicamentos en concreto, esto sin contar la apropiación indebida de todo tipo de artículos, desde guantes hasta papel higiénico. Aunque nos parezca muchos, los casos de corrupción solo son la punta del iceberg de un fraude generalizado y que ocurre en todos los niveles de la organización sanitaria.
En 2013 un informe de la UE señaló, que el sector de la salud era especialmente vulnerable a la corrupción debido a:
- el alto grado de asimetría de información entre los proveedores del servicio y sus receptores.
- la existencia de un gran número de actores con complejas interrelaciones.
- la elevada descentralización e individualización de los servicios que los hacen difíciles de estandarizar y controlar.
- la opacidad de los precios, no sometidos a las reglas de la oferta y la demanda como otros bienes.
- que el pagador no suele ser el beneficiario directo de los servicios de salud lo que implica una inevitable falta de control (el pagador no tiene forma directa de verificar que se presta el servicio y el cliente no tiene forma de saber si el proveedor ha facturado para un servicio que no recibió)
En un informe de transparencia internacional sobre la corrupción en los sistema de salud, se afirmaba:
El alcance de la corrupción (en los sistemas de salud) es, en parte, un reflejo de la sociedad en la que opera.Savedoff, W. & Hussmann, K. 2006. ‘Why are health systems prone to corruption?’. Global Corruption Report, Transparency International.
El Eurobarómetro publicado en 2012, el 60% de los encuestados españoles consideraba que entre los profesionales de la sanidad pública se daba con frecuencia “el abuso de posiciones de poder para su beneficio personal“. En el Informe de la UE “Study on Corruption in the Healthcare Sector” de 2013, se consideraba que entre el 10 y el 25% del gasto de contratación pública para la provisión de tecnologías sanitarias y productos farmacéuticos se perdía en prácticas corruptas. En el año 2012, el 17% de todo el gasto sanitario en la UE correspondió a medicamentos y el 7,5% a tecnologías sanitarias: en total unos 300.000 millones de euros, de los que se estiman de 30.000 a 75.000 millones fueron sobre-costos debidos a prácticas corruptas.
¿Alguien piensa que esto no pasa en España?
El problema de la corrupción no es la existencia de esta sino la inexistencia de sistemas de control dentro de las organizaciones sanitarias. El demoledor Informe de la UE advertía, de la elevada prevalencia de sobornos informales existentes en los países del Sur:
Los pagos informales a menudo se insertan en una cultura en la que los médicos asumen que tienen derecho a recibir “algo extra”. Esta creencia está especialmente viva en los países de Europa del Sur y hace que las políticas de lucha contra la corrupción sean más difíciles de instaurar porque estas sociedades no perciben los pagos informales como corrupción, sino como una práctica común
Study on Corruption in the Healthcare Sector (pag. 59)
La carencia de sistemas de control existente en la facturación que realizan los hospitales concertados a las distintas Consejerías de Salud es sin duda alguna un caldo de cultivo para los abusos, fraudes y corrupción.
Un ejemplo es la reprimenda del Tribunal de Cuentas al Servicio Murciano de Salud (SMS) acerca del descontrol existente “tanto en el control de las derivaciones realizadas y el control de la facturación de la asistencia prestada“. El Tribunal de Cuentas afirma, en el SMS “no exista constancia documental de la realización de estudios y análisis comparativos del coste asociado a procesos quirúrgicos y diagnósticos llevados a cabo con medios propios, respecto a los precios facturados por los centros concertados” o que “los procesos de fijación de tarifas no han venido acompañados de unos procedimientos normalizados que permitieran dejar constancia formal de las tareas de estudio, análisis y evaluación en la determinación de las tarifas“. Hablamos de 145 millones de euros anuales fuera de control, donde pudiera existir además de la incompetencia la corrupción y el fraude.
La última tipología de corrupción dentro del sistema de salud que señala el Informe es la de malversación de los recursos públicos. Lo que definiríamos como la utilización de los medios públicos para su utilización en servicios privados.
El Informe de la UE también hace referencia de buenas prácticas en la lucha específica contra la corrupción y fraude en los sistemas de salud. En Bélgica desde 2004 el Departamento de Evaluación y Control Médico dirige la política de lucha contra el fraude en el sistema de salud. Los resultados son significativos: se recuperaron unos 4,5 millones de euros al año y otros 1,5 millones de euros recaudaron de multas administrativas impuestas. En Francia desde 2005, el Directorio de Prevención del Fraude del Sistema Sanitario Público, también obtuvo resultados increíbles: en 2010, 217 notificaciones de sanciones financieras por un importe de 45 millones de euros y 361 notificaciones por pagos indebidos con multas que ascienden a un total de 36 millones de euros. El control destinado a evitar la prescripción injustificada de medicamentos supuso un ahorro de 400 millones de euros
La corrupción dentro de los sistemas sanitarios no es exclusiva de España o Europa.
El articulo titulado “Fraude en el sistema de salud: la estafa de los 272 mil millones” en el The Economist mencionaba el enorme fraude existente en el sistema de salud norteamericano que podría suponer el 10% de todo el presupuesto sanitario público norteamericano, unos 98.000 millones de dólares al año, y llega hasta los 272 mil millones de dólares si consideramos todo el sistema de salud. En un editorial del BMJ titulado “La corrupción: el sucio secreto de la medicina sale a la luz” y con subtítulo “Los médicos tienen que luchar en contra de sobornos“, denunciaba la corrupción dentro de los sistemas de salud:
La salud es un sector de alto riesgo de corrupción. Las mejores estimaciones indican que entre el 10% y el 25% del gasto público mundial en salud se pierde por corrupción.
El editorial del BMJ estimaba que la corrupción en los sistemas públicos de salud alcanzaba entre el 10% y el 20% de todo su presupuesto. Si asumimos en España aproximadamente unos 58.000 millones de euros anuales dedicados a financiar la sanidad pública, la corrupción y el fraude puede estar costándonos entre 5.800 y 10.000 millones de euros al año.
¿Se ayudaría un poco a nuestra jubilación? ¿Algún político ha hecho alguna propuesta al respecto de la lucha contra el fraude y la corrupción de la Salud pública?
El editorial del BMJ terminaba:
Los médicos han mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo por miedo, letargo o la complicidad. Es el momento de reflexionar y sentirnos responsables.
Pero no solo podemos hablar de corrupción y fraude, también se puede hablar de atentado contra la salud pública. Las todas poderosas organizaciones como FDA o EMA, las encargadas de autorizar los medicamentos, en ocasiones y son muchas, hacen la vista gorda en relación a medicamentos que no han sido debidamente controlados ni analizados. Se bloquean y se persiguen productos naturales pero se aprueban medicamentos que pueden causar hasta la muerte a los pacientes.
La autorización del antidepresivo vortioxetina conocido como Brintellix o Trintellix, por parte de la FDA y EMA, fue sujeto de un estudio que puso de manifiesto el rotundo fracaso en lo que respecta a la protección de personas de medicamentos no seguros y cómo estas organizaciones “todo poderosas” autorizan medicamentos basados en evidencias sesgadas. Del estudio dirigido por Lisa Cosgrove, en Accountability Research, sus autores se preguntan: «¿Cómo es posible que la FDA y la EMA autoricen un nuevo fármaco que se muestra menos efectivo que otros antidepresivos disponibles, e incluso menos efectivo que el placebo en un subgrupo sustancial de ensayos?». A pesar de lo que algunos crean, los reguladores de eficacia carecen de la solidez.
Es suficiente presentar una literatura científica “anónima” indicando por escrito ensayos de los fármacos presentados para su comercialización. Como es normal los ensayos realizados y pagados por la industria darán resultados positivos. Más tarde, ciertos psiquiatras se prestan a avalarlo. Los médicos con conflictos de intereses económicos son propensos a manifestar opiniones favorables, y seguidamente ponen en marcha su poderosa maquinaria de marketing publicando en revistas de prestigio todo un entramado de mentiras y falsedades. Pero este no es un caso aislado, en el re-análisis de ensayos de otro antidepresivo paroxetina (Paxil / Seroxat) dio como resultado que "es más peligroso para los adolescente de lo que en el primer ensayo se había informado". Este es un problema observado con frecuencia en los estudios de antidepresivos.
El biólogo y médico Peter Gøtzsche, a través de libros, charlas y conferencias como la realizada en España en el Instituto de Ciencias de la Nutrición y la Salud de Madrid, nos envió un mensaje claro "Los psicofármacos no funcionan y, además, matan". Resulta que España es uno de los mayores consumidores de Europa. Pese a conocerse por miles de estudios que los ansiolíticos, los antidepresivos o los somníferos, además de su limitada acción curativa, cuentan con efectos secundarios graves, se recetan con demasiada alegría. Como se destacó en el Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, España ha triplicado el consumo de antidepresivos en los últimos diez años. El aumento de antidepresivos representa un 47% del gasto farmacéutico en salud mental de España, seguido de los fármacos antipsicóticos con un 30%, entre otros conceptos. Un sistema de control en la sanidad pública, solo en este apartado de la salud, ahorraría sin duda alguna, una cantidad ingente de dinero. Según el Dr. Peter Gøtzsche, los efectos efectos secundarios en pacientes con demencia tratados con antipsicóticos aumentan el riesgo de infartos, ictus y diabetes, caídas propiciadas por los somníferos, o suicidios provocados por los antidepresivos.
Podría entender la actitud “vergonzosa”, por no calificarla de otra forma, de la Industria Farmacéutica que presentó el producto para su autorización. Una empresa privada que, como muchas otras, se lucra con el dolor y sufrimiento de los demás. Pero me resulta imposible entender la actitud de estas Organizaciones Sanitarias, que supuestamente han de proteger a los ciudadanos que son los que les pagan.
Es evidente la existencia de una simbiosis compleja entre: la industria farmacéutica, la industria de las publicaciones sanitarias, y los organismos reguladores del comercio sanitario.
